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Capitulo 1. De la Residencia Fiscal en Bélgica / Especial referencia a funcionarios de la Unión Europea y a sus cónyuges. Tributación Bélgica y España

Introducción:

 

En este primer capítulo, desde Jv Fex trataremos de definir el concepto de “Residencia fiscal en Bélgica”, haciendo hincapié a las situaciones de personas físicas desplazadas para el desarrollo en dicho país de trabajos en instituciones europeas.

Trataremos de poner especial énfasis, no solamente en este personal al servicio de las instituciones, sino también a sus cónyuges que, como yo nos desplazamos con ellos.

En relación con dicha residencia de los cónyuges, cabe decir que la misma no resulta clara y esta circunstancia, como veremos a continuación, nos puede ocasionar obligaciones tributarias frente a la Administración Tributaria Belga, sobre todo si mantenemos nuestro trabajo en España o iniciamos un nuevo trabajo en Bélgica, una vez ya desplazados.

Este es el primero de los artículos que trataremos en este “serial” tendente a exponer de forma clara i didáctica las obligaciones tributarias en España y Bélgica.

Indicar que estos artículos son posibles gracias a la colaboración de la Firma RSM con oficinas en España (de donde personalmente soy y mantengo mi condición de Socio del Departamento de Global Employer Services) y Bélgica (oficinas que permiten mi estancia como secondment en tanto cónyuge de funcionario desplazado a Institución Comunitaria).

Aprovecho este primer artículo para agradecer a RSM Bélgica su predisposición en todo momento a que pueda desarrollar mi carrera a caballo entre España y Bélgica.

 

Criterios de atribución de la residencia fiscal en Bélgica:

 

La normativa belga en este aspecto es muy similar a la española, en tanto establece un criterio de atribución de la residencia basado en la residencia efectiva / domicilio y otro criterio basado en el lugar donde tenemos nuestros bienes “fortuna”.

Concretamente y en lo que interesa en este artículo, la normativa belga en el artículo 2 de la Ley del Impuesto C.I.R. 92, establece que serán considerados residentes fiscales en el Reino de Bélgica aquellos que hayan establecido en Bélgica:

  • Su domicilio.
  • La sede de su fortuna.

Dado que el concepto de domicilio y sede de la fortuna, requiere de cierta permanencia o continuidad, la norma belga establece dos presunciones mediante las cuales se atribuye la residencia fiscal a aquellas personas físicas que:

  • Estén inscritas en el Registro nacional de personas físicas.
  • La pareja e hijos estén establecidos en Bélgica. Interesa destacar que la normativa belga habla de “pareja” y no de matrimonio.

Asimismo, la norma establece que, en el caso de personas casadas o cohabitantes legales, el domicilio fiscal se situará donde este situado su centro de convivencia o “ménage”.

Interesa destacar la Circular 241/585.607 de 12 de julio de 2007, por la que se realizan ciertas precisiones al respecto de la residencia fiscal en Bélgica.

Así las cosas, la Circular expone lo que la Jurisprudencia entiende por Domicio Fiscal:

  • El lugar donde reside una persona de manera efectiva y continua;
  • El lugar donde la persona tiene su hogar familiar;
  • El lugar que se constituye como el centro de sus intereses vitales (relaciones y ocupaciones sociales, culturales, políticas, etc.).

En este sentido, debemos indicar que no existen demasiadas diferencias entre el concepto de residencia fiscal en España y Bélgica, si bien la presunción de presunción belga en base al Registro de la Comuna permite un control más exhaustivo que no en España.

Es remarcable el hecho que la normativa belga, prescinde del criterio de permanencia, por lo que, en principio, no resultará relevante una estancia de más o menos de 183 días en Bélgica. a efectos de adquisición de la residencia fiscal belga.

Somos muchos, los que simplemente con el Registro, recibimos automáticamente la notificación de la Administración Tributaria Belga por la que se nos insta a presentar nuestra declaración de IRPF de ese mismo año, sin tener en cuenta si nos hemos registrado en marzo o en noviembre.

 

Criterios de atribución de la residencia fiscal en España:

 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que tendrán la consideración de residentes fiscales en España:

  • Aquellos que permanezcan más de 183 días en España.
  • Aquellos que tengan en España el centro de intereses económicos.

Igualmente existe una presunción familiar basada en la residencia del cónyuge y los hijos menores.

Interesa destacar que la normativa española (artículo 10) incorpora una mención especial a los funcionarios públicos que trabajan en la UE. Concretamente, establece la norma que:

“A los efectos de esta Ley, se considerarán contribuyentes las personas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad que tuviesen su residencia habitual en el extranjero, por su condición de:

  1. a) Miembros de misiones diplomáticas españolas, comprendiendo tanto al jefe de la misión como a los miembros del personal diplomático, administrativo, técnico o de servicios de la misión.
  2. b) Miembros de las oficinas consulares españolas, comprendiendo tanto al jefe de éstas como al funcionario o personal de servicios a ellas adscritos, con excepción de los vicecónsules honorarios o agentes consulares honorarios y del personal dependiente de ellos.
  3. c) Titulares de cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de las delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante organismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de observadores en el extranjero.
  4. d) Funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular”.

De acuerdo con la Doctrina de la propia Dirección General de Tributos, el concepto funcionario debería abarcar también a figuras afines como pudieran ser agentes contractuales y expertos nacionales.

De acuerdo con lo anterior, este personal expatriado, mantiene su residencia habitual en España junto con su cónyuge e hijos.

Debemos destacar, que a diferencia de lo que sucede en el artículo 13 del “Protocolo (nº7). Sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea” – que analizamos en el próxima apartado – no existe limitación alguna en cuanto al mantenimiento de la residencia fiscal del cónyuge en España.

En cualquier caso nunca debemos olvidar que el artículo 13 del Protocolo, siempre prevalecerá sobre la normativa española.

 

Residencia fiscal para funcionarios de la UE. Artículo 13 Protocolo nº7.

 

Concretamente, dicho artículo establece que:

“A efectos de aplicación de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, del impuesto sobre sucesiones, así como de los convenios celebrados entre los Estados miembros de la Unión para evitar la doble imposición, los funcionarios y otros agentes de la Unión que, únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión, establezcan su residencia en el territorio de un Estado miembro distinto del país del domicilio fiscal que tuvieren en el momento de entrar al servicio de la Unión serán considerados, tanto en el país de su residencia como en el del domicilio fiscal, como si hubieren conservado su domicilio en este último país si éste es miembro de la Unión. Esta disposición se aplicará igualmente al cónyuge en la medida en que no ejerza actividad profesional propia, así como a los hijos a cargo y bajo la potestad de las personas mencionadas en el presente artículo.”

Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo con el redactado del artículo, la persona física mantendrá su residencia fiscal en el país de origen y su cónyuge podrá gozar del mismo status a menos que realice una “actividad profesional propia”.

Por tanto, este artículo limita el artículo 10 de la Ley Española y al fin y al cabo y de quedar excluida la inmunidad, dicha mención del artículo 10 quedará sin efecto en aplicación del Convenio de doble imposición i del Derecho interno del país de destino.,

La primera pregunta que nos debemos hacer al respecto es que debe entenderse por “actividad profesional propia”.

Para ello, que mejor que acudir a la reciente Consulta Vinculante emanada de la Propia Dirección General de Tributos española de fecha junio de 2019 y número de referencia V1295-19, donde equipara una relación laboral a dicho concepto.

Por ello, debemos entender que dicha calificación, engloba cualquier trabajo, sin perjuicio que el mismo pueda tener, como en el caso de España, la calificación de actividad profesional (autónomo) o de rendimiento del trabajo (asalariado).

En definitiva, únicamente el cónyuge que se desplace y no “trabaje” ni como autónomo ni como asalariado, podrá mantener la residencia fiscal en España, y ello con independencia del lugar donde se realice la totalidad o parte del trabajo.

 

Resolución práctica del conflicto con el cónyuge.

 

A la práctica, lo que ocurrirá con el cónyuge en Bélgica será lo siguiente:

  • De acuerdo con la normativa española, mantendrá su residencia fiscal española como cónyuge de funcionario desplazado (aplicación artículo 10 de la Ley del IRPF).

 

  • De acuerdo con la normativa belga y al no quedar amparado por el artículo 13 del Protocolo nº7, le considerará residente fiscal belga en tanto su domicilio y familia estará en territorio belga.

 

  • En aplicación del CDI entre ambos países y presuponiendo que la familia dispone de una vivienda en España y Bélgica, el criterio de los “intereses vitales” atraerá la residencia a Bélgica, resultando del todo paradigmático que el cónyuge que origina el desplazamiento mantiene la residencia fiscal española, siendo precisamente este cónyuge el que desplaza la residencia fiscal del otro a Bélgica.

Como consecuencia de ello, uno de lo cónyuges mantendrá la residencia fiscal en España y el otro adquirirá la residencia fiscal en Bélgica con lo que ello puede implicar a nivel de formalidades, tanto a nivel fiscal y de seguridad social, y tanto desde la perspectiva del trabajador como de la propia empresa.

Por todo ello resulta entonces esencial determinar desde donde se presta el trabajo y si se mantiene el contrato laboral con la empresa española o bien hablamos de una nueva contratación con empresa belga.

A todo ello, le dedicaremos los próximos artículos.

 

Posibles situaciones y resolución de la cuestión de la residencia fiscal:

 

  • Trabajador español que se desplaza a Bélgica por razón de su trabajo (No UE) manteniendo su familia en España. Residente fiscal español.

 

  • Trabajador español que se desplaza a Bélgica por razón de su trabajo (No UE) desplazándose la familia con él. Residente fiscal belga.

 

  • Trabajador soltero que se desplaza a Bélgica por razón de su trabajo (No UE). Residente fiscal belga.

 

  • Trabajador (funcionario español) que se desplaza a Bélgica por razón de su trabajo en la UE. Residente fiscal español.

 

  • Cónyuge de funcionario español desplazado que no se traslada a Bélgica. Residente fiscal español.

 

  • Cónyuge de funcionario español desplazado que se traslada a Bélgica y no trabaja. Residente fiscal español.

 

  • Cónyuge de funcionario español desplazado que se traslada a Bélgica y trabaja. Residente fiscal belga.

 

En todo caso, estas situaciones deben ser analizadas de manera pormenorizada dado que las fechas de desplazamiento a Bélgica, pudieran incidir en la calificación de la residencia en el ejercicio de desplazamiento y regreso.

Como siempre,  quedamos a disposición de lector para cualquier duda o aclaración que precise y nos pueden contactar en jvilardell@rsm.es

 

Muchas gracias.

 

 

Jordi Vilardell Casas

Director y editor Jv-Fex Europe

Socio RSM Spain

 

 

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