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ARTÍCULO PRIMERO En JV-FEX Fiscalidad & Expatriados Europe. ¿Debo pagar Impuestos en España por los inmuebles que tengo en el país si yo no vivo allí? Residencia fiscal y tributación inmuebles no residentes.

INTRODUCCION

Mediante el presente artículo, se pretende exponer brevemente las repercusiones fiscales que, para los residentes fiscales fuera de España, tiene la titularidad de inmuebles en España, tanto si los mismos son utilizados para fines propios (vacaciones o estancias en el país) como si se alquilan a terceros.

No debemos olvidar que, en muchos casos, una expatriación prolongada genera la pérdida de la residencia fiscal en España, convirtiéndonos a efectos fiscales en no-residentes. Ello genera una serie de consecuencias que tratamos de exponer en el presente artículo.

Principalmente, en este primer artículo abordaremos las repercusiones fiscales en el marco del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre el Patrimonio y será en posteriores artículos donde nos centraremos en otros aspectos esenciales para el no residente, tal como normativa aplicable en materia de sucesiones, régimen de impatriados (Ley Beckham) y posibles consecuencias que en materia del modelo 720 (declaración bienes en el extranjero) pudiera tener un regreso a España por un no residente, convirtiéndolo en residente.

El contenido del presente artículo se basa en el modelo de Convenio de Doble Imposición (CDI) de la OCDE por ser éste el más utilizado por España. En todo caso, será estrictamente necesario revisar siempre el Convenio, si bien podemos avanzar ya, que en líneas generales, de muy poco diferirán con las líneas generales de lo establecido en el modelo de la OCDE.

1.- De la residencia fiscal en España:

En primer lugar, resulta esencial determinar la residencia fiscal del contribuyente que se desplaza al extranjero, puesto que ello determinará la tributación de los inmuebles y sus rendimientos en España, en el otro país, o en ambos tal como ocurrirá en la mayoría de los supuestos en aplicación de la normativa internacional.

Debemos siempre recordar que la residencia fiscal no entiende en principio de nacionalidades y que la misma no se escoge, se tiene. Y ello implica pagar impuestos por renta mundial (sobre todos los rendimientos) en el país de donde somos residentes.

Asimismo, es necesario conocer que los distintos países, disponen de criterios diferentes para otorgar la residencia fiscal a una persona física, motivo por el cual podremos ser considerador, a priori, residentes fiscales en dos países; duplicidad que será corregida de acuerdo con lo que establezca el Convenio de Doble Imposición. Así por ejemplo en EEUU se es residente fiscal por el hecho de haber nacido en el país, en Bélgica por el hecho de estar empadronado o en Suiza por el hecho de tener un contrato laboral en el país…

Así las cosas, una persona física, será considerada residente fiscal en España si (ver artículos 9 y 10 de la Ley 35/2006 del IRPF):

  • Si pasa más de 183 días en España durante un ejercicio.
  • Si dispone en España del núcleo de intereses económicos.
  • Si el cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad, son residentes fiscales en España.
  • Las personas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad que tuviesen su residencia habitual en el extranjero, por su condición de: miembros de misiones diplomáticas españolas, miembros de las oficinas consulares españolas, titulares de cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de las delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante organismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de observadores en el extranjero; así como funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular.

En relación con la regla de los 183 días, es necesario recordar que para evitar situación de desimposición, la norma española establece que las ausencias esporádicas, computan como días en España, salvo que se pueda acreditar la residencia en otro país y además, en el caso de tratarse de paraísos fiscales, la misma se pruebe efectivamente. De esta manera, si una persona física que ostentaba la residencia fiscal en el año n-1, se desplaza al extranjero en el año n (pasa menos de 183 días en España) pero no puede acreditar su residencia en otro país, la normativa española le seguirá considerando residente fiscal.

A los efectos de la acreditación de la residencia en otro país, debemos recordar que la Administración Tributaria continúa basándose en el certificado fiscal emitido por las entidades tributarias del otro país; si bien nuestros Tribunales cada vez más admiten cualquier prueba que pueda aportarse a tal efecto.

Esta regla general, debe matizarse a raíz de la Sentencia del Supremo de noviembre del año anterior, dejando el Supremo la puerta abierta a situaciones de efectiva desimposición. Para más información, nos remitimos a nuestro post de fecha 2 de febrero de 2018 y que el lector podrá encontrar en el siguiente link. Ir a contenido.

En cuanto a la presunción familiar, cabe indicar que la misma admite prueba en contra y por ende el cónyuge que efectivamente pretenda defender su residencia en otro país, deberá aportar el correspondiente certificado de residencia del otro país o bien demostrar que en dicho país, ha tributado por todos sus rendimientos mundiales.

Finalmente queremos hacer referencia al mantenimiento de la residencia fiscal de los funcionarios públicos españoles y cónyuges desplazados a instituciones de la Unión Europea. En este sentido y de acuerdo con la carta de inmunidades y privilegios, el desplazado mantendrá siempre la residencia fiscal española al igual que el cónyuge, siempre y cuando éste no trabaje o ejerza una actividad económica.

Dado que se trata de una cuestión compleja, queremos avanzar al lector que, en breve, publicaremos un artículo relativo estrictamente a este tipo de personal desplazado a instituciones europeas.

Como decíamos en líneas más arriba, pudiera ocurrir que dos estados, en aplicación de sus normativas internas, considerasen a una persona física residente de ambos países. En este caso, deberemos siempre acudir al Convenio de Doble de Imposición donde, en su artículo 4.2, establece las reglas de desempate que permitirán que una persona física, sea residente en uno u otro estado. Los criterios que se exponen en dicho artículo y por orden de aplicación, serían: donde se disponga de una vivienda permanente a su disposición, donde se encuentre el centro de intereses vitales, donde se resida efectivamente, de donde se sea nacional y finalmente por acuerdo entre los países.

Con la anterior regla de desempate, conseguiremos siempre que una persona física sea residente en un único país y en los otros donde pueda obtenga también rendimientos, tenga la consideración de no residente.

Hecha esta breve introducción acerca de la residencia fiscal, siempre que nos encontremos con un no residente que disponga de bienes inmuebles en España, deberemos revisar sus obligaciones tributarias en lo que se refiere a:

  1. – Impuesto sobre la Renta de no Residentes:

El artículo 6 del modelo de Convenio de Doble Imposición otorga la potestad a España para hacer tributar bajo su normativa, los rendimientos que un no residente fiscal en España obtenga como consecuencia de la titularidad y disfrute de un inmueble radicado en España. Y ello como decíamos, compatible con que el estado de residencia, haga tributar igualmente dichos rendimientos.

Asimismo, el artículo 13 del modelo de Convenio de Doble Imposición, establece que si un no residente fiscal en España vende un inmueble situado en España, las autoridades fiscales españolas pueden hacer tributar dicha transmisión en España.

La norma 5/2004 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en aplicación de los Convenios suscritos por España, establece el marco de como el no residente deberá tributar por los rendimientos obtenidos por inmuebles situados en España, así como en su posible posterior venta a terceros.

Debemos advertir, que como advertíamos, de acuerdo con dicho modelo de convenio, el país de residencia tendrá también derecho a gravar estos rendimientos y/o ganancias patrimoniales derivadas de la venta; debiendo ser el país de residencia el que permita la deducibilidad de los impuestos pagados en España como no residente.

En cuanto a la obtención de rendimientos se refiere, deberemos distinguir si el propietario únicamente utiliza el inmueble para uso propio vacacional u obtiene rendimientos como consecuencia de su posible arrendamiento a terceros.

1.1. – Inmueble utilizado para uso personal:

El no residente fiscal español que sea propietario de un inmueble en España que utilice para sus propios fines, debe tributar por el rendimiento presunto, tal como lo hacen los residentes fiscales españoles, y ello con independencia que este inmueble hubiera constituid su vivienda habitual con anterioridad.

La Base Imponible del impuesto está formada por un porcentaje que puede ser del 1.1% o del 2.0% sobre el valor administrativo del inmueble (valor catastral).

El tipo impositivo aplicable será el general para no residentes del 24%, si bien el mismo será del 19% para residentes fiscales en países de la UE.

El coste fiscal de esta obligación tributaria será normalmente de poca entidad si bien existe obligación de declarar y por tanto, el incumplimiento de dicha obligación puede acarrear consecuencias para el no residente fiscal.

La obligación deberá cumplirse mediante la presentación del modelo 210 que deberá presentarse en el año natural siguiente a la fecha del devengo. Es decir, en relación a 2017, disponemos hasta final del presente 2018 para su presentación.

Resulta sorprendente como la AEAT se planteó en su momento preparar borradores de este impreso a los efectos de facilitar a los no residentes el trámite, y finalmente esta medida no se haya implementad, siendo el no residente el que debe preparar el impreso y proceder a su ingreso.

1.2. – Inmueble arrendado a terceros:

El no residente fiscal en España que sea propietario de un inmueble arrendado, deberá tributar por los rendimientos obtenidos de dicho arrendamiento.

La base imponible estará constituida por el importe de los alquileres deduciéndose el importe de los gastos fiscalmente deducibles establecidos en la normativa y siempre que se acredite que los mismos están relacionados directamente con los ingresos obtenidos. Debe destacarse que los no residentes en países de la UE, no podrán deducirse gastos bajo ningún concepto.

El tipo impositivo aplicable será el general para no residentes del 24%, si bien el mismo será del 19% para ciudadanos de la UE.

Si el inmueble sólo está arrendado una parte del año, deberá determinar el rendimiento como en el párrafo anterior, por los meses que haya durado el arrendamiento, y, para los restantes, hallará la parte proporcional de la renta imputada de acuerdo con el apartado 1.1.

El no residente deberá presentar el modelo 210 en abril (1T), julio (2T), octubre (3T) y enero (4T) de cada año.

1.3. – Venta del inmueble situado en España.

En el momento de proceder a la venta de un bien inmueble situado en España, el no residente fiscal, deberá tener en cuenta lo siguiente:

La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se calculará por diferencia entre el valor de transmisión y de adquisición.

El valor de adquisición estará formado por el importe real por el que se adquirió el inmueble, al que se sumarán el importe de los gastos y tributos inherentes a la adquisición.

El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se haya efectuado, minorado en el importe de los gastos y tributos inherentes a la transmisión que haya sido por cuenta del vendedor.

En el supuesto que el inmueble se hubiese adquirido antes del 31 de diciembre de 1994, la ganancia patrimonial se minorará en función del año efectivo de adquisición y con la limitación de los 400.000€.

El tipo impositivo aplicable será del 19%.

Existe una obligación fiscal en España por la que, el comprador que adquiere un inmueble a un no residente fiscal en España, debe retener un 3% sobre el precio de venta, que ingresa directamente a la Administración Tributaria Española a modo de pago a cuenta del impuesto de no residentes.

  1. – Impuesto sobre el Patrimonio:

Normalmente, el artículo 21 del modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE, establece la posibilidad que los no residentes fiscales tributen en España por el patrimonio inmobiliario que éstos puedan tener en España.

De acuerdo con lo anterior, la norma que regula el Impuesto sobre el Patrimonio en España, ha establecido en su artículo 5 la obligación para los no residentes de declarar los bienes inmuebles en España, sujetándose a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.

En general podemos indicar que todos aquellos inmuebles con un valor (el mayor entre el administrativo y el de adquisición) inferior a 700.000€ no deberán pagar ni presentar la declaración sobre el Impuesto sobre el Patrimonio.

En caso de ser superior el valor del inmueble, se recomienda, pese a la poca entidad del Impuesto, a consultar a un asesor que podrá orientar al no residente en la cumplimentación e ingreso de sus obligaciones tributarias en España.

 

Como siempre, el equipo de Jv-Fex de la mano de RSM se ponen a su disposición para cualquier tipo de duda o aclaración al respecto y por ello sólo tienen que mandarnos un mail a mobility.services@rsm.es con la referencia #noresidentes y nos pondremos en contacto con ustedes para ayudarles en todo lo que precisen.

 

En Madrid, a 25 de noviembre de 2018.

 

 

Jordi Vilardell Casas

Director y editor Jv-Fex Fiscalidad & Expatriados.

Socio RSM Spain.

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